Aportaciones que se realizaron al anteproyecto de la nueva Ley de Infancia:

Aquí destacamos algunas de las propuestas que se presentaron al borrador del Gobierno en el año 2013, en ocho puntos que enumeramos a continuación:

  1. Sobre el Interés superior del menor,  incidiendo en tres aspectos: la importancia de que el menor conozca progresivamente su realidad (sin tapujos, ni dulcificándola), que la toma de decisiones relevantes las realice un equipo de expertos recabando toda la información posible (por ejemplo a las familias de acogida), y que el menor sea preparado para el tránsito a la edad adulta e independiente, con una protección que vaya más allá de la mayoría de edad.

  2. Sobre los derechos y deberes de los acogedores: las familias de acogida deben tener un estatuto semi-profesional ante la administración como colaboradores necesarios de la misma. Han recibido formación específica y superado un profundo estudio de idoneidad, de modo que tienen una cualificación que les capacita no sólo para ostentar jurídicamente la guarda legal del menor, sino para participar en todos los actos y decisiones que le afecten. Planteamos para ello la creación de una oficina de atención a las familias que velará por sus derechos mediando ante la entidad pública y la dirección de los centros de acogimiento residencial, buscando la resolución ágil de conflictos.

  3. Sobre las modalidades de acogimiento: desarrollamos el acogimiento de urgencia y el profesionalizado con unos requisitos básicos para todo el territorio nacional. Hoy, por desgracia, el acogimiento profesionalizado es una medida de bajo alcance en muy pocas comunidades autónomas. En algunos casos más que profesionalizado debería llamarse “subvencionado”, ya que no hay una relación laboral con la administración, sino una serie de ayudas de escasa cuantía. Apoyamos, por otro lado, la propuesta del Gobierno de plantear adopciones abiertas: hoy día muchos acogimientos permanentes se han convertido, a efectos prácticos, en adopciones encubiertas, pero con el inconveniente de que estos niños pierden los derechos filiales al alcanzar la mayoría de edad. Las adopciones abiertas protegen al menor en plenitud y mantienen un vínculo razonable con la familia biológica.

  4. Sobre el acogimiento residencial: Limitamos la tipología de centros y rechazamos de plano los especializados en menores de 0 a tres años. Incidimos en la formación integral de los menores, promoviendo la implantación del “SERAR” Sistema de Evaluación y Registro en Acogimiento Residencial, cuyos resultados son muy positivos en las CCAA que lo utilizan.

  5. Sobre el tránsito del menor de una modalidad de acogimiento a otra (o bien adopción): Nosotros defendemos que la entrega de los menores de una familia a otra debe realizarse de forma natural y gradual, con la participación de ambas, de modo que el menor no perciba un nuevo abandono. También planteamos la opción de ofrecer una nueva modalidad de acogimiento o adopción a la familia previa, cuando la lentitud del proceso haya provocado (en acogidas de urgencia) una fuerte vinculación del menor a ésta, lo cual exigiría un nuevo estudio de idoneidad y formación específica.

  6. Sobre la reintegración familiar: planteamos no sólo trabajar con el menor, sino con su familia de origen (parentalidad positiva, resiliencia familiar), porque el éxito de la reintegración se garantiza trabajando con ambas partes.

  7. Sobre la permanencia del menor en la familia de acogida cuando cumpla la mayoría de edad: Aunque el borrador del Gobierno flexibiliza la adopción voluntaria, que ahora está limitada a una convivencia con los acogedores desde los 13 años, nosotros proponemos también una prórroga de derechos filiales por acogimiento que mantenga esos derechos durante un número concreto de años o hasta su emancipación. No es lógico que los menores en acogimiento residencial tengan programas de emancipación hasta los 20 años y los menores en acogimiento familiar carezcan de una protecciónsimilar desde los 18.

  8. Sobre modelos comunes de gestión y coordinación interterritorial: establecemos medidas muy diversas, rescatando algunas propuestas del Senado español en 2010:

    • Que la competencia sobre situaciones de riesgo la asuman los Ayuntamientos y la ejecución del desamparo las CCAA.

    • Que haya un Registro Centralizado de familias, de modo que seaposible acoger o adoptar en otra Comunidad sin dificultad.  

    • Que se establezcan asignaciones económicas mínimas para las familias de acogida en todo el territorio nacional, no sujetas a presupuesto, con ayudas específicas para gastos ocasionales (por ejemplo médicos) o a familias numerosas.

    • Que se garantice la escolarización del menor cercana a su vivienda habitual, facilitando la integración con sus hermanos (biológicos o de acogida).

    • Destacamos la creación el Centro de Estudios del Menor, dependiente del observatorio de la Infancia, que sería un referente técnico y de coordinación a nivel nacional.

    • Por último, proponemos un sistema de Autoevaluación y Mejora de los servicios de protección a la infancia, de carácter provincial y anual, destinado a analizar la eficacia y la calidad de los recursos humanos y materiales, ya establecer objetivos y propuestas de mejora para el año siguiente, requiriendo información a técnicos, familias y asociaciones.